Algo se muere en el alma mater del gobierno socialista cuando algunos de sus intelectuales cuelan, con alevosía y nocturnidad, en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible un punto con el cual recortan los derechos de los ciudadanos españoles a la información en Internet.

Algo olía verdaderamente mal, en el panorama internetero, cuando el 7 de abril de 2009 accedía al Ministerio de Cultura la entonces presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) Ángeles González-Sinde. Los ríos de píxeles no dejaron de especular durante los días sucesivos sobre lo que podía venirnos encima.

Hipótesis que han sido resueltas, de forma oscura y ambigua, en un quinto punto del Anteproyecto donde, en pro de los derechos de autor —dicen ellos—, cercenan de golpe y plumazo la independencia de los internautas españoles para informar y expresarse libremente en la Red de redes. Ahora será un órgano —todavía por especificar— el que exponga, con carácter obligatorio, aquello que irá en contra de los tan publicitados y mercadotécnicamente rentables derechos de autor.

El Ministerio de Cultura de España asume una competencia que por derecho pertenecen a los los tribunales y jueces. Un claro atropello contra las libertades en el Ciberspacio. Un intento más de regular aquello que no puede ser reglamentado acotando legitimidades que otorga la Constitución del 78.

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